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Ley tucumana sobre prevención de adicciones

RECIBIÓ APOYO UNÁNIME DE LOS LEGISLADORES | San Miguel de Tucumán | AICA

El año pasado la Iglesia en la Argentina acompañó una iniciativa legislativa denominada Programa Nacional de Educación y Prevención sobre el consumo de drogas, redactado por los miembros del Foro Nacional “De habitantes a ciudadanos” en el que se integran diferentes instituciones representativas de la realidad nacional.

Esta iniciativa fue el disparador de un proyecto que el jueves 11 de marzo se convirtió en ley en la provincia de Tucumán, en cuya redacción participaron dirigentes laicos que desarrollan su apostolado en el ámbito de la política.

El objeto de la ley sancionada es la prevención, asistencia y reinserción de las personas con adicciones. Como especial característica esta norma incorpora una mirada completa del flagelo moderno de las adicciones e incluye en ese concepto, además de sustancias químicas adictivas, el juego, Internet y la pornografía, entre otras.

El proyecto fue presentado por el legislador Carlos Canevaro, presidente de la Comisión Legislativa de Acciones Preventivas y Asistencia de las Adicciones, desde donde convocó a diversos sectores de la comunidad y destacados especialistas a trabajar en la elaboración del proyecto. El consenso alcanzado posibilitó que la norma fuera aprobada por unanimidad en el recinto.

Durante la presentación ante sus pares, Canevaro señaló que "esta ley le quita la máscara a la sociedad. En Tucumán hay droga y adictos, no son una tribu sino personas que deben ser reinsertadas en la sociedad; somos hipócritas que no nos gusta ver las miserias humanas, cuando el adicto es un enfermo y lo peor que podemos hacer es excluirlo, porque el suyo no es un problema individual sino social".

La norma sancionada abandona la mirada reduccionista que muchas veces prima al momento de definir acciones en este tema y que por los resultados obtenidos han demostrado su ineficacia.

La forma en que la provincia de Tucumán deberá abordar las adicciones será en el ámbito de un modelo preventivo, asistencial integrador, humanista y transdisciplinario. La adicción no es un problema individual, sino social y sanitario, de allí que la exclusión, la condena y el desentendimiento serán las barreras que pretende superar esta norma.

El texto legal organiza la política de prevención de las adicciones en cuatro áreas conceptuales: prevención, atención, reinserción social e investigación. En cada una de ellas se definen objetivos, principios operativos y actores de tal forma que las acciones públicas y privadas se orientan en estas etapas a las personas y su medio ambiente social, que están en riego, padecen, son atendidos o están recuperándose de alguna adicción.

La ley desarrolla también lo que denomina programas especiales orientados a internos en establecimientos carcelarios y menores en conflicto con la ley.

Al momento de definir la organización crea un Consejo Consultivo donde se integran representantes de los tres poderes del Estado, centros académicos y organizaciones de la sociedad civil, bajo la coordinación de una de las áreas del Poder Ejecutivo. El financiamiento está previsto desde un fondo especial con asignación específica al cumplimiento de la ley.

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