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Es ley el programa educativo de prevención de adicciones

EL SENADO APROBÓ EL PROYECTO QUE TENÍA MEDIA SANCIÓN DE DIPUTADOS

La Cámara de Senadores de la Nación aprobó, el pasado miércoles, la ley sobre la creación del Programa Nacional de Educación y Prevención sobre el consumo de drogas (drogas y alcohol), en el ámbito del Ministerio de Educación, que fue promovida por el Foro Nacional “De habitantes a ciudadanos”, tanto para las escuelas de gestión estatal como privada.

El Foro, que se constituyó hace 3 años a instancias de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, tiene por objeto promover, ante las instituciones del Estado, políticas públicas para la inclusión social, mediante el diálogo y la búsqueda de consensos.

En este marco, aborda distintas problemáticas de la sociedad argentina, las estudia y plantea posibles alternativas de solución. Sus miembros, representantes del sector empresarial, financiero, rural, obrero, académico, ONG y Credos, se reúnen periódicamente para tratar estas temáticas profundizadas por equipos técnicos integrados por especialistas en cada una de las áreas abordadas (salud, trabajo, educación, etc.).

En 2008, el Equipo Técnico de Educación del Foro Nacional “De habitantes a ciudadanos”, junto con especialistas de la Universidad del Salvador, elaboró un proyecto de ley para la creación de un Programa Nacional de Educación y Prevención sobre el consumo de drogas que, enriquecido por legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, fue aprobado por Diputados a principios del 2009 y se convirtió en ley este miércoles 2 en la Cámara Alta.

Es un proceso inédito: gran parte de la sociedad civil argentina, reunida en el Foro Nacional "De Habitantes a Ciudadanos", detecta una problemática que genera exclusión, elabora un programa para resolverla y promueve una ley que servirá de marco para una reglamentación cimentada en la educación y la prevención, y comprometida con tantos ciudadanos que padecen enfermedades adictivas.
Entre otras cosas, la ley otorga al Ministerio de Educación la facultad para crear un Consejo Consultivo que estará integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil, centros académicos y expertos de reconocida trayectoria y experiencia en la materia, quienes trabajarán "ad - honorem" para promover y monitorear esta política pública.
La Comisión Justicia y Paz sostiene que “comienza así una etapa nueva tanto en la articulación del sector público con el privado, como en el tratamiento de la problemática de la drogadicción desde sus causas y no solamente en sus efectos”.

No obstante, considera que “se requerirá de la voluntad política de funcionarios de diversas instituciones estatales a nivel nacional, provincial y municipal, y del monitoreo de la sociedad civil, para que la implementación de la ley de por resultado una política pública sostenida en el tiempo teniendo como principal objetivo una Argentina que nos incluya a todos”.

Las organizaciones que integran el Foro Nacional “De habitantes a ciudadanos” son:
Por el sector empresarial: Unión Industrial Argentina (UIA), Asociación Empresaria Argentina (AEA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).
Por el sector financiero: Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).
Por el sector rural: Federación Agraria (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Asociación Argentina de Consorcios Regionales de la Exp. Agríc. (AACREA).
Por el sector obrero: Confederación General del Trabajo (CGT) y Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Por el sector académico: Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y Universidad Católica Argentina (UCA).
Por ONGs y credos: Asociación Conciencia y Foro del Sector Social en representación del Diálogo Ciudadano; Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) y Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP).

(Extractado de AICA)

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