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Una Argentina peor

 

Editorial - Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1754505-una-argentina-peor

 

Ante el silencio y la cómplice inacción oficial, ha sido la Iglesia, una vez más, la encargada de efectuar un grave llamado de atención sobre el avance en nuestro país de las "mafias del crimen organizado", como el narcotráfico y la trata de personas, en especial dentro del aparato del Estado.

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú, sostuvo que el narcotráfico y la trata de personas son "actividades delictivas llevadas adelante por mafias del crimen organizadoque van copando territorios e infectan con aprietes y sobornos diversas estructuras de la sociedad y el Estado. Hay quienes tienen dinero manchado con sangre."

 

Antes de explicar que él y los demás obispos efectuaban "un fuerte llamado a la toma de conciencia", explicó que ellos conocen la realidad de la droga y sus consecuencias por el contacto directo con familias angustiadas, docentes y vecinos. También se refirió al drama de la trata de personas.

Luego, en el mensaje de Navidad, titulado "Y en la tierra paz a los hombres", el Episcopado volvió a ocuparse de estos flagelos que para las autoridades nacionales parecen no existir mientras hace años que no dejan de crecer. De hecho, ante la sospechosa falta de reacción del Gobierno, es la Iglesia la que, con valentía y razón, se ve obligada a este llamamiento ante la imperiosa necesidad de una toma de conciencia.

 

No es la primera vez. Trece meses atrás, el episcopado argentino consensuó un duro documento titulado "El drama de la droga y el narcotráfico". Al presentar aquel texto, monseñor Lozano sostuvo que si la dirigencia política y social no tomaba medidas urgentes, costará mucho tiempo y mucha sangre "erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio". José María Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal, reclamó que ese problema que crecía como una mancha fuera "asumida políticamente por el Estado".

Ante aquel durísimo documento, la respuesta del Gobierno fue otra chicana política, pues la Presidenta elegió a un sacerdote de su confianza, el padre Juan Carlos Molina, para dirigir la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). La titularidad de tan importante organismo se hallaba vacante desde marzo del año pasado.

 

Sin embargo, ante la falta de experiencia de Molina en la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno decidió que la Sedronar se limitara a la prevención, dejando el combate a los narcos en manos de la Secretaría de Seguridad, cuyo titular es Sergio Berni, un funcionario de probada ineficiencia pese al despliegue cinematográfico al que es afecto al protagonizar aparatosas apariciones.

 

Basta cotejar la abultada crónica policial de los medios para advertir que el reiterado llamado de atención de la Iglesia tiene fundamentos más que sólidos pues se basa en la descarnada realidad. No hay rincón de la Argentina que haya escapado al flagelo, y cada vez son más los organismos estatales susceptibles de ser captados para servir a las bandas de narcos, ya sea mediante las coimas o las amenazas. La violencia derivada del negocio de la droga que azota a las grandes ciudades y los partidos del conurbano exime de mayores comentarios.

Un anticipo de que lo que ocurre cuando el aparato estatal es sojuzgado por el crimen organizado lo encontramos en los casos c ada vez más numerosos de efectivos policiales acusados de complicidad con el narcotráfico. Pero además, como afirmó monseñor Lozano, "es imposible" que las bandas de narcotraficantes se instalen y se extiendan por nuestra geografía "sin el visto bueno, ya sea por coima o por extorsión, de algunos funcionarios de algunos poderes ejecutivos locales", al tiempo que advierte que si no se avanza en políticas contra las drogas estaremos "muy cerca de una Argentina peor".

 

Por desgracia, nos vamos acercando a esa "Argentina peor" que temen los obispos pues nuestras autoridades, como sostenemos desde hace años en esta columna, carecen de políticas de Estado serias consensuadas con los partidos opositores y con gobiernos provinciales y comunales para una efectiva lucha contra el narcotráfico. Ante esa carencia, aumenta la porosidad de nuestras fronteras, reducidas a un simple dibujo en el mapa, y la inoperancia de los controles en buena parte de los puestos fronterizos, como reveló un informe de la Auditoría General de la Nación. Sumémosle el desmantelamiento de los cuerpos técnicos de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano que debería perseguir el lavado de dinero, y tenemos el tenebroso camino que, si no se cobra conciencia y se reacciona antes de que sea tarde, poco a poco nos conducirá a la "Argentina peor".

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